El Ministerio de Ciencia financió con más de $14 millones a un consorcio público-privado para consolidar este sistema con energía proveniente de fuentes renovables.
Con mil medidores inteligentes, esta localidad santafesina puede controlar el desempeño de la red eléctrica.
El
Ministerio de Ciencia financió con más de $14 millones a un consorcio público-privado para consolidar este sistema con energía proveniente de fuentes renovables.
Ubicada a apenas 98 kilómetros de la ciudad de Rosario, la localidad santafesina de Armstrong dio un paso significativo hacia el consumo sustentable de energía.
Con equipos inalámbricos instalados en mil domicilios de la ciudad, que posee 11 mil habitantes, pueden monitorear el servicio eléctrico local y obtener información de manera remota para determinar la calidad de la prestación, la curva de carga de los usuarios, las diferentes condiciones de la red o las características del consumo de cada residencia.
El proyecto contó con un aporte de $14.419.880 realizado por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del
Ministerio de Ciencia, en el marco de la convocatoria “Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (
FITS) Energía – Uso Racional y Eficiente de la Energía (
UREE) 2013”, administrada por el Fondo Argentino Sectorial (
FONARSEC).
A su vez, fue posible gracias al trabajo mancomunado de un consorcio público-privado entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (
INTI), la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (
UTN) y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Ltda. (
CELAR), con apoyo de la Secretaría de Energía provincial y
CAMMESA.
Desde este consorcio se aportó el 48 % restante de los montos requeridos para la obra, por un total de $28 millones.
Con el subsidio del
FONARSEC ya comenzaron a montarse las instalaciones de generación.
“El proyecto tuvo varios enfoques, primero el alcance poblacional; la reducción de gases de efecto invernadero (
GEI); el impacto técnico y la posibilidad de analizar la potencia de nuestras redes, algo que surgirá a medida que avance el proyecto”, explicó el jefe de la Oficina Técnica de
CELAR, Gustavo Airasca.
“En Argentina, el 60 % de generación eléctrica se hace quemando combustible, el 40 % hidráulico.
Nosotros estaríamos en el segundo grupo porque emitimos cero
GEI.
Esto significa 200 kiloWatt (kW) menos en la red”, reflexionó Airasca.
Debido a su escala, el proyecto alcanzaría un aporte del 3 % sobre el consumo de la ciudad, por medio del ensamblaje de una planta de piso fotovoltaica de 200 kW, 60 techos solares en viviendas y 10 pequeñas turbinas eólicas, que estarán activas a fin de año.
“Pretendemos indagar en los impactos técnicos, sociales, ambientales y económicos”, expresó Pablo Bertinat, ingeniero y docente de la
UTN, a cargo de la iniciativa quien consideró que la importancia de esta experiencia radica “en el esfuerzo por impulsar un modelo de generación que ya no es centralizada, sino distribuida y que opera en los niveles de baja y media tensión a partir de energía solar y eólica”.
En ese contexto, Bertinat explicó que existen dos paradigmas en los sistemas de provisión de energía eléctrica: el concentrado y el distribuido.
En el primero –el más utilizado hasta el momento–, grandes centrales producen la energía para luego transmitirla a los usuarios.
En el segundo –donde se inscribe esta propuesta–, se pretende añadir a la red el poder generado a partir de fuentes dispersas geográficamente, mucho más cercanas al consumo.
La diferencia fundamental, subrayó Bertinat, estriba en “menores pérdidas de transmisión y distribución, niveles de tensión más estables y otras ventajas que actualmente están bajo estudio”.
De acuerdo con el docente de la
UTN, que el plan financiado por el Ministerio de Ciencia consta de cuatro ejes: el primero es la construcción del sistema de generación distribuida.
El segundo comprende los estudios y ensayos en función del primero (donde no sólo intervienen aspectos técnicos, sino también cuestiones normativas, regulatorias y económicas).
El tercer eje apunta a la posibilidad de replicar la experiencia en otras cooperativas análogas, a partir del know-how generado.
Por último, el cuarto eje está enfocado en aspectos sociales referidos a la participación ciudadana y la concientización cívica en torno al uso racional de la energía y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales para generar electricidad.
En este sentido, el responsable del Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del
INTI, Marcos Politi, explicó el papel que desempeñó el Instituto en el proyecto:
“Nosotros participamos con la certificación de los inversores y módulos fotovoltaicos según la norma IEC61215, que estipula valores de calidad de los mismos, es decir, si los módulos son aptos para ser instalados.
Los módulos fotovoltaicos generan corriente continua, esta debe alternarse para poder ser utilizada en un domicilio particular”.
El equipo del
INTI además participará junto a la
UTN de los estudios energéticos de la generación distribuida y del análisis de la smart-grid (red inteligente) para conocer cuanta energía es inyectada a la red monitoreando sus valores característicos de manera on-line, y además junto a
UTN y
CELAR garantizar las bases para que este desarrollo sea replicable y sostenible.
“Este proyecto tendrá un impacto absolutamente positivo dado que en Santa Fe se encuentran 59 cooperativas de las más de 400 registradas en el país.
Replicarlo será muy fácil porque en la provincia rige una normativa técnica que facilitará esto”, concluyó Politi.
Reformulación de la matriz energética
La decisión de impulsar proyectos sustentables se enmarcan en la política energética nacional en la búsqueda de ampliar la matriz energética.
En mayo último, el Gobierno Nacional lanzó el
Programa RenovAr para la contratación de 1.000 megavatios de electricidad procedente de fuentes renovables, con el objetivo de reemplazar
combustibles fósiles por
energías limpias.
La matriz planteada por el Poder Ejecutivo se divide en 600 megavatios eólicos, 300 megavatios solares, 65 megavatios de biomasa, 20 megavatios de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 megavatios de biogás.
De acuerdo a la cartera de
Energía y Minería, esta medida le significará al país un ahorro aproximado de 300 millones de dólares al año en importación de combustibles para generación eléctrica.
Mincyt
